Horas de tensión se viven en los pasillos de Washington. Esta situación poco tiene que ver con el seguimiento a la resolución del Consejo de Seguridad sobre Siria o con las acusaciones de espionaje al gobierno de Barack Obama. La incertidumbre obedece a las disputas entre demócratas y republicanos por la aprobación del presupuesto.
La madrugada de este domingo, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, decidió retrasar un año la puesta en marcha del proyecto del programa de salud del Presidente, conocido como Obamacare, además de revocar un impuesto al instrumental médico que ayudaría a financiarlo, aunque otorga recursos para mantener las operaciones del gobierno más allá del martes, cuando inicia el año fiscal en los Estados Unidos.
Esta decisión de los representantes republicanos, esperada por algunos, podría ser vetada por el Presidente, como lo manifestó horas antes en su mensaje radial sabatino, donde fue muy crítico con sus oponentes, acusándoles de defender posiciones ideológicas estrechas, de actuar en contra de la economía y de provocar un cierre del gobierno.
Ahora, el Senado -mayoritariamente demócrata- discutirá la tarde del lunes las resoluciones de la Cámara de Representantes, marcando como fecha límite este martes para alcanzar un acuerdo, lo cual deja en un tenso compás de espera a distintos grupos sociales; especialmente, a quienes trabajan en el gobierno de EU.
Lo pendiente es el futuro inmediato de la llamada Ley de Protección al Paciente y Atención Médica Asequible, conocida como Obamacare. El martes, millones de estadounidenses tendrían que empezar a inscribirse en un nuevo sistema de seguros médicos individuales tras comparar los precios de cobertura. Hoy, esa situación está en el aire tras las negociaciones en las próximas horas en la sede senatorial. Aunque pocos especialistas apuntan a una paralización de las actividades y los trabajos del gobierno, dadas las condiciones actuales, se han hecho distintas valoraciones del impacto.
No sufrirían cambio alguno: la operación de los controladores aéreos, los trabajos de embajadas y consulados, los pagos a los beneficiarios del sistema de seguridad social en el esquema actual.
Con ciertos cambios, las cortes a nivel federal operarían de manera regular -por un periodo de 10 días hábiles- y esporádica hasta mediados de octubre. Si el cierre continúa, se despediría a trabajadores que cumplan con funciones “no esenciales”. Aunque se seguirán atendiendo los casos en tribunales.
Todos los parques nacionales y algunos museos administrados por el gobierno tendrían que cerrar.
La Administración Federal de Alimentos y Drogas suspendería un número importante de sus inspecciones sanitarias y de seguridad, excepto en el ramo de cárnicos. Se mantendría el cobro de impuestos, aunque el Servicio de Rentas tendría que limitar sus auditorías y también los inspectores de salud suspenderán sus funciones, salvo contadas excepciones.
Ése es el panorama del futuro cercano si no se llegan a consensos políticos en Estados Unidos; la búsqueda de un acuerdo mínimo aunque no imposible se torna complicada. Ésas son las líneas del terreno de la confrontación que obligarán al Presidente y a su partido a decidir. El pacto político llegó a un límite de cara a la operación gubernamental, lo que obliga a la reflexión comparativa sobre la forma en que hacemos las cosas en nuestro país y a reflexionar sobre el significado del Pacto por México ¿Será que está roto el Pacto por Estados Unidos?
Carlos Requena
Derecho Reservado – El Economista
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