Mientras la realidad supera a la ficción respecto de la creciente y violenta criminalidad, los ciudadanos no alcanzamos a comprender las causas multifactoriales ni la verdadera extensión del problema. Los gobernantes innovan políticas públicas para intentar reducir —no con buenos resultados— los índices delictivos nacionales, sabedores de que todas sus acciones deben estar siempre apegadas a las leyes nacionales e internacionales y al respeto a los derechos humanos.
El presidente de la República debe preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de las fuerzas armadas para la seguridad interior de la Federación. Desde el año 2000 se autorizó tal fuerza militar para el auxilio de las autoridades civiles y policiacas. El instituto armado estuvo constitucionalmente facultado para actuar en seguridad pública, desplazando a más de 12,600 militares con equipamiento bélico en operativos contra la delincuencia organizada.
Pero ante la violencia multidimensional, el rotundo fracaso de los operativos y el inconsistente manejo de la comunicación social de los gobiernos pasados, hay quienes afirman ahora que la idea de solución es, en sí misma, imposible. La esperanza y expectativas ciudadanas se evaporan.
Políticos lanzan promesas de mejora —sin estar en campaña—, se gastan diariamente millones de pesos en seguridad; la economía y educación no ven su arribo deseado; la confusión colectiva —acompañada de exigencias— se incrementa, amén de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por mezclar las fuerzas militares con las funciones policiacas.
Recientemente, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, emitieron el “Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas”, obligatorio para el personal militar, recordando que, en todo momento, el uso de la fuerza por parte de quien la ejerce o la ordena, es una decisión razonada.
MILITARES POLICÍAS
Definen el uso de la fuerza como la utilización de técnicas, tácticas, métodos y armamento de las fuerzas armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave, cuando sea estrictamente inevitable o indispensable en apoyo de autoridades civiles. Incluso, citan algunos conceptos de la revista Police Chief, publicación oficial de la International Association of Chiefs of Police (IACP), y enumeran las acciones prohibidas por constituir un uso indebido de la fuerza.
Por incumplimiento a dicho manual se reiteran responsabilidades penales y/o administrativas para los militares y sanciones de carácter internacional para el Estado mexicano, pues las consecuencias de privar de la vida a terceros inocentes, ocasionarles lesiones graves o simplemente dañar sus bienes, origina pérdida de la confianza ciudadana. La sociedad civil aplaude las misiones militares que han demostrado su efectividad en la captura de importantes delincuentes organizados, pero será vigilante de que los mandos cumplan con sus obligaciones y responsabilidades legales y humanitarias.
Los mexicanos desean que no persista la corrupción en los diferentes niveles militares, ni se permitan infiltraciones ilícitas, ni deficiencias graves en la supervisión militar de tareas en apoyo a la seguridad pública. Confiamos en que el Estado pueda recuperar el control del propio Estado.
