La existencia de intereses -personales, de grupo, corporativos o nacionales- es connatural al hombre. Son parte de las decisiones humanas, aunque en ciertas condiciones pueden detonar reacciones inconvenientes, conflictos o generar corrupción. Los escándalos por conflicto de interés surgen en todos lados, pero la gran diferencia radica en la forma en que son reconocidos, atendidos, solucionados o sancionados.
Estados Unidos acaba de dar muestra de esto con la renuncia del gobernador de Oregon, John Kitzhaber, tras la sola evidencia de que su novia aprovechó su posición política para favorecer su negocio de consultoría.
En México, además de indignación, las últimas revelaciones han provocado una ola de propuestas y acciones, incluido el nombramiento de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública, con la encomienda del presidente Enrique Peña Nieto de investigar si éste, su esposa o su secretario de Hacienda incurrieron en conflicto de interés. Surge también la iniciativa de senadores del PAN y PRD para modificar la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y hacer obligatoria la declaración patrimonial, además de la declaración de intereses. Esta iniciativa es innovadora, más allá del enfoque punitivo, al promover la prevención.
Los investigadores del CIDE, David Arellano, Walter Lepore, Laura Zamudio e Israel Aguilar destacan que en México la regulación se enfoca en la fiscalización, pero no contempla mecanismos preventivos, como sí lo hacen, por ejemplo, Brasil, Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia y Estados Unidos, donde incluso un servidor público es responsable de vigilar su propia conducta. Algo así como lo que hizo Jaime Lomelín, al renunciar como consejero de Pemex, luego de que el Grupo Bal, donde ha sido directivo, decidiera incursionar en la industria petrolera como competidor de la paraestatal. En su estudio sobre prevención y control de conflictos de interés (lecciones para la administración pública federal en México a partir de la experiencia internacional) los investigadores del CIDE refieren que el conflicto de interés debe ser prioridad, pero advierten sobre el peligro de construir marcos normativos inviables y onerosos. Consideran inútil construir elefantes blancos costosos y poco provechosos.
Urge adoptar experiencias y regulaciones de instituciones eficaces como la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, presidida por la comisionada Mary Jo White, que mantiene el fair play entre las empresas que cotizan en Bolsa, y cuyas acciones -domésticas y extraterritoriales- incluyen la detección, seguimiento y sanción de conflictos de interés que pudieran afectar al mercado.
PROPUESTAS
Inteligente es acudir a la educación y a la ética para acotar los conflictos de interés. Al igual que la corrupción y el tráfico de influencias, este problema requiere normatividad asertiva que no puede recaer únicamente en los órganos fiscalizadores. Por fortuna hay respuestas, como la impulsada por Transparencia Mexicana con la iniciativa Tres de Tres, promovida por su presidente fundador Federico Reyes Heroles, para que los candidatos políticos y quienes ocupan cargos de elección popular presenten sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses. El Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani, promueve su Código de Integridad y Ética Empresarial. Ahora toca a los gobernantes sumarse.
Leyes para tu Bien
