En la primera sentencia de amparo en México, publicada en San Luis Potosí en agosto de 1849, se leía el siguiente fragmento: “…resultaría una contravención del objeto y fin que los legisladores se propusieron, no menos que una muy notable infracción; que inconcusamente haría responsable al que la cometiera…”. Esto no es idioma extraño; es, simplemente, lenguaje jurídico.
Nada peor que intentar entender el Derecho como ciudadano: Ab initio, litis expensas, usucapión, premoriencia, sobreseimiento, son apenas algunos términos con los que una persona común puede toparse cuando habla con un abogado o se enfrenta a un procedimiento legal. ¿Por qué algunas élites de la ciencia, finanzas, impuestos o jurisprudencia tienen la creencia de que a mayor complejidad, mayor elevado es su mensaje? Recordemos las palabras del jurista español, Manuel Atienza: “…no confunda oscuridad con profundidad: lo más oscuro no es lo más profundo”.
Existe gran preocupación por el uso rebuscado del lenguaje jurídico. Durante la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana (Colombia, 2015), expertos de varias naciones analizaron diversas sentencias de al menos ocho países, entre ellos México, y encontraron: palabras de comprensión exclusiva para juristas, expresiones anacrónicas, muy técnicas, redundantes, oscuras, retóricas y obsoletas; excesivo uso de latín, redacción barroca y proliferación de enredadas citas jurisprudenciales y doctrinarias.
Ante esto, es obvio que los movimientos ciudadanos a favor de la claridad en el lenguaje legal estén tomando fuerza. La Comisión Europea lanzó hace algunos años una campaña titulada Fight The Fog para promover el uso de un estilo jurídico más claro. En Suecia, desde 1976 se establecieron mecanismos para traducir leyes y determinaciones al lenguaje ciudadano. La tendencia se ha replicado en otras naciones como Australia, Reino Unido y España.
Aunque insuficientes, México hace algunos esfuerzos como el “Manual de Lenguaje Claro para la Administración Pública”, publicado por la Secretaría de la Función Pública. Otros logros son algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que defienden la explicación clara de las resoluciones, la eliminación de la discrecionalidad, la concordancia y la precisa interpretación de las normas jurídicas y constitucionales. Sin embargo, la tarea exige mayor compromiso, pues el sistema jurídico es demasiado complejo para seguirlo expresando con marañas incomprensibles.
¡¿QUÉ DIJO?!
Juan Carlos Arce realiza una descripción puntual del desafío que entraña la complejidad del lenguaje jurídico: “Hay en la Administración de Justicia un ceremonial, un rito, una escenografía y un lenguaje de reliquia tan feo y tan rancio, tan absurdo y desusado, que ya no basta con decir que es barroco, sino que es absolutamente arcaico, a veces anterior al siglo XIV. El ciudadano tiembla cuando recibe del juzgado comunicaciones dirigidas a él que no es capaz de entender. Quien lee una comunicación judicial no sabe si le llevan a la cárcel o si ha heredado”.
La claridad de leyes y resoluciones es apremiante y necesaria para evitar o disminuir su oscuridad, ambigüedad y confusión. El Gobierno de México está obligado a proporcionar información jurídica clara y entendible que fomente transparencia, rendición de cuentas y mejora de su gestión pública, antes de festejar Constituciones. Como dice Catón: “Leer y no entender es como no leer”.
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