México vive un peligroso anacronismo. Los tiempos del Congreso no son los tiempos de la nación. Las acciones y omisiones de senadores y diputados influyen para la estabilidad o inestabilidad del país. Su desempeño como legisladores es cuestionable. Mantienen atoradas cientos de iniciativas, a pesar de que muchas son cruciales para el desarrollo. Los senadores tienen pendiente resolver más de 200 minutas, mientras que sus compañeros diputados mantienen en trámite más de 80 dictámenes y proyectos. Rezagos y demasiada indolencia ante las lamentables condiciones nacionales.
El lastre de complicidades interminables, el cúmulo de malos antecedentes históricos, la idiosincrasia y genética mexicanas, provocan en el Poder Legislativo grave desidia para encontrar una solución eficaz contra la corrupción. No existen eficaces políticas públicas, iniciativas, leyes ni instituciones anticorrupción. Esta realidad se impone y la impunidad es la regla. No han sabido crear las normas jurídicas obligatorias, con la fuerza coactiva del Estado para hacerlas cumplir aun en contra de la voluntad o del conocimiento de los corruptos. Recordemos que la fuerza del derecho proviene de su proceso racional de creación, de la capacidad de previsión de conductas indeseables y sanciones para bien común, de su eficacia, y del grado en el que las leyes desaceleran, desmotivan o evitan el incumplimiento y la violación del Estado de Derecho.
En este año electoral y en la actual etapa de registro de candidatos y precampañas, nadie cree en las promesas de los partidos políticos de incluir a los mejores hombres y mujeres en las boletas. ¿Por qué habríamos de creerles? Son muchos los casos en que los candidatos electos son literalmente enemigos públicos que toman la vía política-electoral sólo para enriquecerse ilícitamente, privilegiar sus intereses particularísimos o consolidar nexos con grupos criminales.
Entre sus ofrecimientos más recientes estuvieron los alcaldes perredistas José Luis Abarca; Ricardo Gallardo, el aspirante a la gubernatura de SLP ligado a la delincuencia organizada o Vicente Pacheco de Charapan, Michoacán, acusado de enriquecimiento ilícito; así como las vergonzosas evidencias de legisladores como Edgar Borja, expulsado del Partido Acción Nacional por violaciones éticas y dudosos negocios; o la actitud del priísta Heliodoro Díaz, ex delegado del Infonavit, quien pese al escándalo del supuesto auto deportivo de su hijo, acudió después a registrarse como aspirante a una diputación por Oaxaca, o las contradicciones de Jesús Valencia, delegado de Iztapalapa, y tantos otros políticos y funcionarios públicos.
A la discapacidad legislativa por la frustrada legislación anticorrupción se suman otros pendientes, como la aprobación de las leyes de transparencia y rendición de cuentas públicas -incluidos los partidos políticos y sindicatos-, la reforma política del Distrito Federal, la Ley de la Fiscalía General de la Republica, la regulación para evitar excesivo endeudamiento de estados y municipios, y tantos otros proyectos legislativos.
IMPUNTUALIDAD
Decía Horace Mann que la impuntualidad para atender una cita es un claro acto de deshonestidad. “Igual puedes robar el dinero de una persona si robas su tiempo”, afirmaba. Los legisladores no tienen prisa para crear leyes eficientes ni para garantizar su cumplimiento efectivo, a pesar de saber que a México ya se le agotó el tiempo.
