De reformas estructurales están llenos los discursos y notas de prensa. Con justa razón pues, ciertamente, los 11 cambios constitucionales inducen nuevos y buenos vientos en el país. Sin embargo, la luz pública que sobre ellos se extiende no debe distraernos de otras esperanzas legales que si bien se insertan con mayor discreción en la agenda nacional, no dejan de ser fundamentales; incluso, sin temor a equivocarme, esenciales para un mejor México. Es el caso de la propuesta de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que motivó al presidente Enrique Peña Nieto a ejercer, por primera vez, la facultad de presentar una iniciativa de trámite preferente.
La voluntad de homologar las acciones de los tres órdenes de gobierno y de regular con claridad los derechos de los menores; la disposición de combatir el trabajo infantil, la violencia, el bullying y la indiferencia ante el acoso; la determinación de garantizar la seguridad en albergues y de atender las necesidades de niños migrantes, representan mucho más que buenas noticias para los millones de menores y para todo aquel mexicano consciente de que ninguna transformación será genuina, por estructural y profunda que sea, si no se manifiesta en la calidad de vida real de su gente y mucho menos si sus beneficios no alcanzan a la generación más próxima al porvenir.
La creación de un programa y de un sistema integral, así como de una procuraduría especializada, son acciones que abren la puerta a la reconciliación con este vulnerable grupo de mexicanos y con la integridad de sus mayores.
La construcción de cimientos sólidos para la nación que deseamos ver en el futuro exige mayores potestades jurídicas. Pensemos, como lo dijo la poetisa y también educadora Gabriela Mistral, que “el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será muy tarde”.
México puede y debe acoger estas propuestas que ofrecen liberar a nuestra infancia de los agravios sistemáticos que ha sufrido. Si no podemos proteger a nuestros niños ¿de qué seremos capaces entonces?
¿SALARIO MÍNIMO O SALARIO JUSTO?
Otro grupo de mexicanos que reclama protección es el de los trabajadores. En pleno debate sobre la conveniencia de aumentar el salario mínimo, como lo ha propuesto el jefe de Gobierno del Distrito Federal, vale la pena recordar que el derecho al trabajo es también derecho público y que el objetivo original de establecer un sueldo base fue el de garantizar una vida digna a empleados y obreros.
Aunque históricamente hemos trascendido realidades tan insultantes como las llamadas tiendas de raya, los salarios mínimos actuales han tomado una ruta similar: insatisfacción de necesidades básicas y endeudamiento permanente y generacional. Ambas, situaciones insostenibles que ahora exigen no sólo un incremento monetario, sino una reforma integral que abarque leyes y órganos encargados de aplicarlas.
¿Será que los beneficios que prometen las reformas estructurales, como el aumento de la productividad y la reducción de costos, podrán permitir que este sector aspire a una remuneración que deje de ser ínfima para volverse justa?
