Pocas situaciones ofenden tanto a los mexicanos como el escandaloso financiamiento a los partidos políticos. Destinar más de 4,000 millones de pesos solo en 2017 sin que ni siquiera hubiese elecciones federales, es un insulto para México, cuyo presupuesto sufrió un recorte histórico (1.2% del PIB) con graves secuelas en salud y educación.
Y todo ese estúpido dinero a partidos políticos para repetir la misma cantaleta de siempre: campañas manipuladas y cuestionables, acarreos, falta de transparencia, impugnaciones, rechazo de resultados, desconfianza ciudadana y retroceso democrático.
No es solamente cuestión contable. El financiamiento a partidos es también sinónimo de ineficiencia y abuso del gasto público. Tanto dinero así derrochado no mejora las prácticas democráticas ni recupera la apatía ciudadana.
Bien señaló Jesús Silva Herzog en Reforma: “…a pesar de todo lo que hemos invertido económica, intelectual y políticamente, carecemos de un régimen electoral que funde el poder político en la competencia por los votos, en el debate público de las trayectorias y propuestas, que someta la influencia del dinero a controles estrictos, que impida la desviación de los recursos comunes al beneficio de uno de los competidores.”
En este contexto es digna de atención la decisión de reducir el flujo de dinero a los partidos en Jalisco. Aunque esta idea ya había sido debatida anteriormente, Pedro Kumamoto, el primer legislador independiente de México logró concretar su iniciativa #SinVotoNoHayDinero, con la aprobación del Congreso estatal presidido por Ismael del Toro. De acuerdo con ese dictamen, en tiempos electorales los montos de recursos públicos otorgados a partidos estarían determinados por los votos conseguidos y no solamente por el número de integrantes del padrón electoral, lo que significa ahorros hasta de 60%.
Pero lo más destacable es que el documento final fue fruto del consenso y la civilidad. Días antes de la votación, el diputado Kumamoto se reunió con el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien tenía una propuesta propia sobre el tema: eliminar totalmente el financiamiento a partidos en años no electorales (cero dinero para grillas). Aunque la idea del gobernador no fue tomada enteramente, dicha reunión fue decisiva para fijar la fórmula que limita el financiamiento a partidos en esos periodos en los que no hay elección (multiplicar 20% de la Unidad de Medida de Actualización por el total del padrón).
Ciertamente la llamada ley Kumamoto tiene sus opositores y ya fue “impugnada” por el PVEM ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque considera que no acata las facultades (locales y federales) marcadas en la reforma electoral de 2014. De cualquier manera, la buena disposición y apertura que existe actualmente en la mayoría de los gobernantes de Jalisco representa un valioso avance republicano que trasciende lo legislativo.
A LA AGENDA NACIONAL
Pase lo que pase, la experiencia jalisciense obliga a retomar el tema del financiamiento a partidos en todo México. Kumamoto sostiene que los muros sí caen; las cosas sí cambian y que el país que queremos es posible. Muy bien nos haría a todos asumir esta actitud y seguir el ejemplo del ahorro en favor de nuestra república democrática.
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