¿Existe la justicia perfecta? Quizá ningún país la conoce, practica o garantiza, pero es innegable que, según la percepción general, Estados Unidos representa una especie de modelo de legalidad a seguir en muchos aspectos.
La aplicación institucional de leyes, su cultura del compliance y del strictly by the book promueven allá mayor civismo y ciudadanía responsable; sin embargo, la justicia yanqui no se mira tan impecable desde dentro en muchas situaciones concretas y cotidianas, como el abuso extremo de policías prepotentes o racistas, en resoluciones tendenciosas de jueces o en las balas disparadas por armas compradas en supermercados por la negativa del Congreso estadounidense a afectar un negocio de 6,000 millones de dólares anuales. Según la agencia The Associated Press, el número de acusaciones por homicidios a manos de agentes estadounidenses en servicio se triplicó en el 2015. Lo peor es que los frecuentes casos de exoneración de los responsables son tan ilógicos como indignantes. Las lágrimas del presidente Barack Obama confirman los hechos.
Si bien Estados Unidos ocupa el 4° lugar en la percepción de los países con sistemas judiciales más confiables de América (después de Canadá, Uruguay y Costa Rica), según el Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), lo cierto es que tiene flancos muy débiles. El actor y comediante británico, John Oliver, destaca algunos de ellos en su programa Last Week Tonight: abogados defensores públicos abrumados de trabajo e imposibilitados para brindar apoyo de calidad; obstáculos para la reinserción de ex convictos; sistema de fianzas; dificultad para pagar miles o cientos de miles de dólares a víctimas de escasos recursos y jueces electos por voto popular tentados a cubrir cuotas de popularidad o a retribuir donaciones de su campaña, como lo evidenció hace unos años The New York Times en la Suprema Corte de Ohio, además de la imposición de multas con el único fin de recaudar ingresos adicionales. Como ha expresado Oliver: “Nadie dice que las personas que violen la ley no deban ser castigadas (…), pero no podemos tener un sistema donde una violación menor pueda terminar poniéndote —y voy a usar un tecnicismo— en el barril de la porquería”.
JUSTICIA FAKE IN FAKE IN MÉXICO
Por acá existen situaciones muy a la mexicana: falta de capacitación de ministerios públicos y defensores públicos; esquemas de fianzas de libertad inaccesibles; dificultades para el pago efectivo de la reparación del daño a las víctimas; actuación parcial de jueces y un rotundo fracaso en la reinserción social de delincuentes. Es innegable que compartimos las terribles consecuencias de políticas públicas fallidas. La cacareada reforma del sistema de justicia penal en México, cuya implementación total debe operar este 2016, implica entre otras muchísimas cuestiones para contrarrestar costumbres insanas, un cambio total en la actuación de policías, la agilización de procesos conocidos como juicios orales y la validez de la presunción de inocencia.
