Cuatro son los deberes del juez, decía Sócrates: “escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”. Si la función de impartir justicia ha sido clara al menos desde 400 años antes de Cristo, ¿por qué todavía seguimos sufriendo el desafío y la complicación de su ejercicio pleno?
No exageran quienes aseguran que cuando hay justicia, todo lo demás está dado. Y habría que agregar que cuando no la hay, todo lo demás está perdido. En el mundo, y particularmente en México, este valor supremo se ubica en la raíz de los retos nacionales y su ausencia explica prácticamente todos los agobios patrios.
De ahí el enorme compromiso de quienes tienen a su cargo su impartición, léase jueces, magistrados, ministerios públicos y otras autoridades, siendo difícil valorar el modo en que conciben sus enjuiciamientos o resoluciones. Incluso, a pesar de que la Constitución ordena que la justicia sea pronta y expedita, en la práctica, prontitud suele confundirse con precipitación.
En su informe sobre las “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidida por Tracy Robinson, establece que la vigencia de los derechos y las libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y particulares. Destaca la importancia de asegurar el acceso a la justicia por la vía del debido proceso y de hacer valer el derecho a la protección judicial.
Conforme a tal encomienda jurídica, el rol de los justicieros mexicanos adquiere relevancia fundamental al momento de concretar cada una de sus resoluciones, pues su función está íntimamente vinculada a la preservación del añorado, y tan ausente, estado de derecho. En consecuencia, progreso y paz siguen siendo anhelos no alcanzados.
La concepción del filósofo griego sobre los deberes del impartidor de justicia no tiene fecha de caducidad. Sus palabras deberían ser válidas hoy, aquí y allá; ojalá por la sabiduría que encierran y no porque su aplicación siga siendo tema pendiente. Si los importantes asuntos nacionales suelen provocar conflictos legales sujetos a resolución judicial, entonces ¿cómo evitar que las emociones o sentimientos de las autoridades se mezclen con sus convicciones políticas al momento de resolver los casos? Su imparcialidad supondría que a tales justicieros no les mueva otro impulso que el de realizar justicia, pero los ciudadanos tienen razones para desconfiar de ellos.
AUGURIOS CDMX
Habitantes de la ciudad de México están sedientos de justicia y la reclaman permanentemente a las instancias encargadas de procurarla. Los caminos hacia una real justicia generalizada siguen siendo largos y sinuosos. Pero no todo se resuelve con críticas, quejas y exigencias. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es un ejemplo que no debe ser ignorado, pues el compromiso del procurador Rodolfo Ríos Garza en favor de los derechos humanos constituye un buen augurio y un motivo de reconocimiento. Ello no justifica fanfarria alguna, los reclamos se mantienen, pero está demostrando capacidad para enfrentar a la criminalidad.
