Las leyes secundarias deben ser rumbo y concreción de cualquier transformación que aspire al orden y progreso de una nación. Sin buenas leyes es imposible emprender el trayecto y vacunarnos contra falsos atajos y callejones sin salida. Bajo ningún motivo vale la pena correr el riesgo de ignorarlas; menos aun cuando se trata de proyectos de alto impacto como las recientes reformas estructurales en México. La legislación secundaria es la batuta para dirigir las acciones estratégicas “llueve o truene”, retomando las palabras del todavía secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet.
En el caso de la cacareada reforma energética, las leyes secundarias representan la propuesta transformadora que necesariamente supondrá repercusiones sociales y comunitarias, altamente promisorias en beneficio de la gente. A juicio de la Secretaría de Energía, a cargo de Pedro Joaquín Coldwell, el objetivo es tan ambicioso que alude a un cambio de paradigma. La legislación de la reforma energética trasciende la imposición de reglas del juego de los negocios y da un paso adelante al plantear acciones para armonizar los intereses del Estado, los inversionistas y las comunidades involucradas con enfoque en la gestión social y los derechos humanos. Por primera vez se propone consultar a los pueblos y comunidades indígenas, validar el uso de sus tierras y considerar sus intereses. Pese a las ambiciosas expectativas económicas, México no bailará al son de los más de 62,000 millones de dólares que, según las estimaciones oficiales, serán atraídos por la reforma en los siguientes años, sino al ritmo de la viabilidad de los proyectos, de su verdadera rentabilidad social y de su grado de armonía con el desarrollo económico.
Sólo por mencionar algunos aspectos, la Ley de la Industria Eléctrica establece que los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos locales. También establece que los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria eléctrica deberán presentar una evaluación de impacto social.
Por su parte, la ley de hidrocarburos considera a la cobertura social, a la seguridad industrial y a la protección del ambiente; plantea consultas previas, libres e informadas a comunidades y pueblos indígenas, y promueve proyectos productivos generadores de beneficios sociales con la posibilidad de hacerlo mediante asociaciones público-privadas. La legislación de hidrocarburos también prevé apoyos focalizados para asegurar el suministro oportuno y accesible de combustibles de consumo básico en zonas rurales o urbanas marginadas, además de estrategias de desarrollo para cadenas productivas locales, impulso a proveedores nacionales e inclusión de pequeñas y medianas empresas.
AHORA CUMPLEN…
Todo esto suena muy bien, pero la gente no tolerará más burlas y simulaciones que sólo beneficien a la clase política y a los grandes inversionistas. Enfrentaremos el problema histórico, el más difícil de resolver en este país acostumbrado a la impunidad: que las leyes se cumplan y se hagan cumplir. Sólo así podremos presumir el nuevo paradigma reformista. Recordemos que las leyes son para bien de la gente, o no son leyes.
