Lay leyes oscuras, ambiguas y confusas sólo son entendibles para juristas. Por ello, movimientos sociales en el mundo trabajan para hacer del lenguaje jurídico un verdadero lenguaje ciudadano.
Nada peor que los ciudadanos comunes intenten entender el Derecho. ¿Por qué algunas élites de las ciencias, finanzas, impuestos, medicina o jurisprudencia tienen la errónea creencia de que, a mayor complejidad del lenguaje, más elevado o profundo es su mensaje?
Veamos, la historia nos cuenta que, en la primera sentencia de amparo en México, publicada en San Luis Potosí en agosto de 1849, se leía el siguiente fragmento: “…resultaría una contravención del objeto y fin que los legisladores se propusieron, no menos que una muy notable infracción; que inconcusamente haría responsable al que la cometiera…”. ¡¿Qué dijo?! Sí, en efecto, este texto no es producto de un idioma extraño ni extraterrestre; es, simplemente, el uso del lenguaje jurídico.
Ejemplos como este nos hacen recordar las palabras del jurista español, Manuel Atienza, quién afirmó: “…no confunda oscuridad con profundidad: lo más oscuro no es lo más profundo”. Tiene mucha razón, pues palabras como moratoria, ab initio, litis expensas, usucapión, premoriencia, sobreseimiento, litispendencia, subrogación, non bis in ídem y concusión, son apenas algunos términos con los que las personas comunes suelen toparse cuando hablan con un abogado, un juez o se enfrentan –no siempre por gusto ni voluntad- a un procedimiento legal.
Precisamente por ello existe gran preocupación por lo rebuscado y abusivo del lenguaje jurídico. Incluso, durante la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana (Colombia, 2015), expertos de varias naciones analizaron diversas sentencias legales de al menos ocho países, entre ellos México, y encontraron lo siguiente:
- Palabras de comprensión exclusiva para juristas,
- Con expresiones anacrónicas,
- Muy técnicas y redundantes,
- Oscuras y retóricas,
- Inentendibles y obsoletas,
- Excesivo uso de latín,
- Redacción barroca y,
- Demasiadas citas jurisprudenciales y doctrinarias enredadas.
Como consecuencia, es obvio que los movimientos ciudadanos a favor de la claridad en el lenguaje jurídico estén tomando fuerza. La Comisión Europea lanzó hace algunos años una campaña titulada Fight The Fog para promover el uso de un estilo jurídico más claro. En Suecia, desde 1976 se establecieron mecanismos para traducir leyes y determinaciones al lenguaje ciudadano. La tendencia se ha replicado en otras naciones como Australia, Reino Unido y España. En Estados Unidos surgió un movimiento denominado Plain English Language, donde abogados y autoridades tienen como finalidad aprender a transmitir las reglas jurídicas en favor de la gente, pero en términos coloquiales sin perder precisión técnica.
Aunque todavía insuficientes, en México se hacen algunos esfuerzos como el “Manual de Lenguaje Claro para la Administración Pública”, publicado por la Secretaría de la Función Pública Federal. Otros logros han sido algunas resoluciones o criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que defienden:
- La explicación clara de las resoluciones o sentencias,
- La eliminación de la discrecionalidad,
- La concordancia y
- La precisa interpretación de las normas jurídicas y constitucionales.
Sin embargo, la tarea exige mayor compromiso, pues el sistema jurídico es demasiado complejo para seguirlo expresando con marañas incomprensibles. Son los propios tribunales federales mexicanos quienes han reconocido la existencia de los denominados conceptos jurídicos indeterminados, los cuales resulta complejo definir porque requieren de una especial valoración, sobre todo cuando el lenguaje empleado en su redacción implica conceptos científicos, tecnológicos, axiológicos, económicos, políticos, sociológicos o de otras disciplinas.
El tener que sortear los ciudadanos con tantas imprecisiones y vaguedad de palabras en el ámbito jurídico, no debe provocar casos de discrecionalidad, arbitrariedad ni de apreciaciones subjetivas por parte de las autoridades. En realidad, la interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados no necesariamente deriva del texto literal de la ley, sino de la finalidad que persigue la norma en un sentido contextual y atendiendo al modo, tiempo lugar y circunstancia de su aplicación. Así, los tribunales federales de México han señalado que tales conceptos pueden ser:
- Conceptos de experiencia que consisten en apreciar hechos y,
- Conceptos de valor donde, además de apreciar los hechos, se implican juicios de valor que pueden ser técnicos, por ejemplo, al definir palabras como: impacto ambiental, interés público, orden público, utilidad pública, interés superior del menor, entre otras muchas.
Juan Carlos Arce realiza una descripción muy puntual del desafío que entraña la complejidad del lenguaje jurídico: “Hay en la Administración de Justicia un ceremonial, un rito, una escenografía y un lenguaje de reliquia tan feo y tan rancio, tan absurdo y desusado, que ya no basta con decir que es barroco, sino que es absolutamente arcaico, a veces anterior al siglo XIV. El ciudadano tiembla cuando recibe del juzgado comunicaciones dirigidas a él que no es capaz de entender. Quien lee una comunicación judicial no sabe si le llevan a la cárcel o si ha heredado”.
La claridad de leyes y resoluciones es apremiante y necesaria para evitar o disminuir su oscuridad, ambigüedad y confusión. El Gobierno de México está obligado a proporcionar información jurídica clara y entendible que fomente la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora en su gestión pública. En el Derecho existe un principio general en el sentido de que “la ignorancia de la ley, no exime de su cumplimiento”. Adicionalmente, el sistema jurídico no condiciona la validez de ciertas leyes al hecho de que éstas sean claras en su redacción y en los términos que emplean, a pesar de la incertidumbre que provoca en la mayoría de los ciudadanos.
El lenguaje jurídico sigue encontrando una fuerte oposición en los movimientos ciudadanos de distintas partes del mundo. Por ello es urgente construir puentes de entendimiento entre autoridades, abogados y personas comunes, evitando las zanjas de incomprensión que solo provocan alejar a la gente del aparato de justicia. Tal Derecho ha construido -y sigue construyendo- sus reglas en un ámbito de excesiva dificultad técnica, mostrando muy poca sensibilidad social. Al respecto, coincidimos con el jurista Paolo Grossi, quien señala que el Derecho es sustancialmente exiliado de la conciencia social, mostrando el riesgo de la separación entre Derecho y sociedad.
Como dice Catón: “Leer y no entender es como no leer”. Mientras tanto, yo opino que: “las leyes, si no son para tu bien, no son leyes”.
Fuente: Forbes México – Lee aquí el artículo original
