Llegó la hora de eliminar el denominado fuero o inmunidad constitucional de los funcionarios de gobierno. Llegó la hora de desaparecer ese privilegio que les evita la aplicación de la ley penal. Esos gobernantes que escudan su función y cargo público y se blindan con inmunidad mientras desempeñan sus atribuciones y facultades.
El término fuero resulta chocante en una sociedad que se dice democrática. Y no es suficiente el procedimiento de desafuero o “declaratoria de procedencia”, competencia exclusiva de la Cámara de Diputados, que tiene por objeto poner al funcionario de gobierno a disposición de las autoridades penales para que sea detenido, procesado y juzgado por el o los delitos cometidos durante el desempeño de su cargo.
Por ello resulta oportunísima la propuesta de la bancada del PRD en el Senado para eliminar ese fuero o inmunidad penal y dotar de una regulación eficaz al denominado juicio político. Como lo enfatizó el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, ante la lupa ciudadana el fuero solo provoca corrupción y garantiza impunidad. Nada más y nada menos que los dos peores venenos de México.
El polémico fuero tiene hondas raíces e incontables discusiones históricas. En teoría, ese privilegio busca garantizar la gobernabilidad, evitar represalias políticas y abusos de otros poderes. En 1822, Agustín de Iturbide, como emperador constitucional, disolvió el Congreso Constituyente y encarceló a varios de sus miembros; otro acto similar ejecutó Victoriano Huerta en 1913.
Recordemos casos recientes como las intentonas de juicio de desafuero al senador Jorge Díaz Serrano (1983) y al entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador (2004). Estos hechos plantearon dilemas: determinar si la declaratoria de procedencia –o desafuero- genera la presunción o certeza de culpabilidad penal, y si debería tener el efecto drástico de la destitución del cargo.
Desde 1917, el Constituyente consideró que sin el fuero político no existiría el sistema representativo porque un juez penal, aun suponiéndolo la más fiel expresión de la justicia, podría -él solo- enderezar una intriga política, destronar a gobernantes y trastornar el orden político constitucional de la República.
El Derecho Penal muchas veces es herramienta de control y represión política, sin embargo, es innegable que México sufre alarmantes índices de corrupción e impunidad oficial. Así, el fuero de los funcionarios públicos se ha convertido en un privilegio impropio, inconveniente y contraproducente; interpretado como permiso para delinquir e injustificado privilegio que atenta contra la igualdad de todos ante la ley. Al fuero no lo usan, abusan de él. Tal inmunidad política no debe ser escudo para tanta impunidad.
LEY PARA TODOS
Los ciudadanos están hartos de que a los políticos y gobernantes corruptos no se les pueda tocar ni con el pétalo de una rosa. Los senadores del PRD han puesto el ejemplo al renunciar voluntariamente a su fuero.
Ya lo condenaba Neruda: “El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan”. Apliquemos la añeja visión del pensador francés Montesquieu, quien afirmó que “La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”.
