Como pocos proyectos nacionales, la reforma penal plantea una clara diferencia entre un muy penoso “antes” y un alentador “después”. Las manos prontas y expeditas de la justicia son necesarias y urgentes en todos los rincones de un país como México, donde las instituciones de procuración de justicia sólo alcanzan 6% de confiabilidad. (Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal, 2012).
Junio del 2016 es la fecha límite para que todo el país adopte el proceso penal acusatorio y oral; para que se garantice la presunción de inocencia; para que los jueces presencien los juicios; para favorecer la reparación del daño a las víctimas y para reducir los tiempos de los procedimientos pero, esencialmente, para terminar con la terrible impunidad. Muchos cuestionan que el gobierno no ha dado la debida difusión a la reforma penal para lograr el empoderamiento ciudadano respecto de sus bondades. Y es que la justicia penal es una práctica o no es nada.
Un mandato constitucional y el gasto de más de 35,000 millones de pesos tienen que hacer realidad el tan esperado cambio, en tiempo y forma. La reforma penal debe dar buenos resultados porque la paciencia social se agotó.
En la primera Encuesta en Centros Federales de Readaptación Social, realizada en el 2012 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se evidencia la transgresión constante del debido proceso. Sólo la cultura de la legalidad, la promoción de la denuncia y la efectiva reparación del daño a las víctimas, serán los elementos terapéuticos para la ciudadanía.
A seis años de aprobada la reforma y a poco menos de dos de concluir el plazo para implementarla, tenemos avances como la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero falta terminar de armonizar leyes, crear infraestructura de calidad y capacitar operadores. La propia Secretaría Técnica de la Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), a cargo de María de los Ángeles Fromow, reconoce que este proceso integral requiere la participación de actores sociales a nivel nacional. Luego entonces, deberán rendir cuentas no sólo el gobierno, sino las aproximadamente 12 organizaciones ciudadanas que firmaron, conjuntamente con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong como testigo de honor, la Declaración Ciudadana a favor del Sistema Penal Acusatorio. Veremos si, por medio de la gobernanza, se puede generar la cooperación para lograr el bienestar que la gente demanda.
AUTORIZACIÓN PARA ENDEUDARNOS
Un enérgico y rotundo “no” recibieron como respuesta los 44 legisladores que, por considerar que se trataba de un despilfarro, reclamaban la inconstitucionalidad de la autorización otorgada al Poder Ejecutivo para contratar deuda adicional por 570,000 millones de pesos y 10,000 millones de dólares en este año 2014. Por unanimidad, los ministros de la SCJN consideraron que ese gasto está protegido por el Presupuesto de Egresos y supervisado por la Auditoría Superior de la Federación.
Puede que tengan razón, pero más vale encender focos rojos, pues en México las crisis que han dejado las corruptas maniobras de deuda pública sólo han favorecido a las clases altas.
