De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esquizofrenia es un trastorno grave que se caracteriza por una distorsión del pensamiento, la percepción, las emociones, el lenguaje, la conciencia y la conducta. La pregunta es inevitable: ¿Será posible que además de las 21 millones de personas afectadas en el mundo, la política mexicana también pudiera ser víctima de este mal? Hay signos y síntomas que así lo indican y no es extraño ver a muchos de los tomadores de decisiones nacionales actuar como si oyeran voces que los incitan a pensar o actuar en forma cuestionable.
Las actitudes que denotan un efecto alucinante o inconsistente son frecuentes. En el espacio político mexicano conviven chapulines hiperactivos, oportunistas obsesivos, volubles mutantes de partido y muertos políticos que resucitan. Quizá por ello a pocos asombran casos como el retorno de Benjamín Hill Mayoral al gobierno federal. No es tan raro que ex funcionarios resurjan en otro sexenio y con otro partido político en el poder, pero algo debería sorprendernos que siendo esposo de la otrora influyente Alejandra Sota, una calderonista que arrastró señalamientos de corrupción y tráfico de influencias, haya llegado para controlar un área tan relevante de la actual Secretaría de la Función Pública de Virgilio Andrade: la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, cuya principal tarea consiste en favorecer acciones en materia de ética e integridad para prevenir conductas contrarias a la esencia de la función pública, así como conflictos de interés de los servidores públicos.
Distorsiones de sensatez abundan, pero lo cierto es que Alejandra Sota sigue ejerciendo poder y, por lo tanto, habrá que seguirle la huella para observar su rol en el proceso presidencial 2018. A alguien, al parecer fue a José Antonio González, director del IMSS, se le ocurrió nombrar al frente de la Coordinación de Comunicación Social de ese instituto a otra integrante del círculo cercano de Sota. Luego de tomarse un tiempo en el extranjero, Erika Contreras cayó parada y encontró un buen lugar en la administración del actual gobierno federal. Llama la atención ver encumbrarse en una de las más cotizadas oficinas de prensa del actual régimen a una ex funcionaria cercana a Ernesto Cordero que apenas hace unos años, en el 2011, fue denunciada por el propio PRI ante el consejo general del entonces Instituto Federal Electoral (expediente SCG/PE/PRI/CG/044/2011). Era la titular de la Unidad de Comunicación Social y entonces Vocera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando se le imputaron infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Coherencia
Ante inconsecuencias políticas y de políticos, animan avances de legalidad como la reciente aprobación en el Senado de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la decisión de esa misma ámara de solicitar a los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que presenten su declaración de posible conflicto de intereses. La política puede ser a veces incomprensible pero jamás opaca, nunca abusiva.
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