Los procesos sociales obligan a repensar los tradicionales modos de elaborar e implementar las políticas públicas, a redefinir los roles del poder y las responsabilidades por la toma de decisiones, centrando el análisis en el concepto de gobernabilidad.
Adoptado primero para referirse al conjunto de mecanismos para la creación de valor en las empresas, el término gobernabilidad se emplea hoy en el ámbito público comprendiendo dos factores esenciales: la existencia de un sistema complejo, y la flexibilidad de las relaciones entre los sujetos del sistema.
Su uso en este contexto atiende a las relaciones dentro del Estado y de éste con otros sujetos públicos y sociales, con el fin de abarcar la entera fenomenología del buen gobierno.
La gobernabilidad se traduce en perseguir una acción unitaria por parte de una sociedad compleja, con expresión de intereses múltiples, no siempre complementarios. Es un quehacer a través del cual las diferentes posiciones de los ciudadanos, empresas, organizaciones y Gobierno es decir, de todos los sujetos sociales se reflejan en opciones efectivas y viables de políticas públicas.
El concepto de gobernabilidad induce a los juristas a adoptar una visión diferente para encuadrar el poder público y sus relaciones con la sociedad civil, superando el paradigma bipolar para ser sustituido por el de la consecución de objetivos comunes. Como resultado, la Administración Pública se convierte en un sujeto capaz de captar, catalizar, asumir, organizar y coordinar posiciones de diversa naturaleza, en una óptica de colaboración social.
Dentro de estas transformaciones, como lo es la inminente reforma política integral en México, las prácticas de los procesos sociales se perfilan hacia un nuevo estilo de gobierno, que va del control jerárquico a interrelaciones articuladas por un sistema de sujetos interdependientes, regidos por políticas públicas con la máxima transparencia, apertura y participación de los sujetos no institucionalizados, para garantizar mejores canales de información y su inclusión en foros legítimos de consulta.
Control- EQUILIBRIO DEL PODER
En consecuencia, la gobernabilidad constituye el new public management, e implica un nuevo paradigma de gestión de la cosa pública que asienta las bases de una profunda reorientación de la relación entre el Estado y los particulares, con el objetivo impostergable de recuperar la capacidad de gobernar los sistemas y las redes
de sujetos económicos y sociales.
México debe identificar un nuevo modo de diseñar y gestionar las políticas públicas descentralizadas con una perspectiva incluyente de la diversidad de actores sociales, conforme al consenso, negociación e interacción compleja de los múltiples intereses en juego.
No es casual que la democracia participativa esté ganando fuerza, recuperando una función central en la contienda política. La presente reflexión exige consolidar vínculos de colaboración social con los principios esenciales del neoconstitucionalismo: soberanía popular y control-equilibrio del poder, por medio de vías novedosas para el desarrollo entre las fuerzas sociales.
El país requiere apuntalar las capacidades de liderazgo y control de los congresos o asambleas de representantes, a través de formas legítimas y eficaces de recuperación de diálogo con la sociedad civil, pues las políticas públicas, ante la complejidad social, exigen formas más viables de interlocución entre quienes toman las decisiones del poder y los destinatarios de las normas.
Esta dinámica se expresa en la descentralización institucional de la política para crear condiciones y caminos para la acción de los diversos sujetos sociales involucrados, con un enfoque participativo real y jurídico, ajeno a las simulaciones del poder.
La meta es no ceder espacios al abuso del poder y precaver que nuestros gobernantes caigan en la tentación de autoritarismos disfrazados. Entender así el poder público es impulsar su necesaria función garantista, atendiendo al rol de la opinión pública como partícipe de la organización y el control social, así como factor de legitimación.
Para enfrentar estas exigencias de participación en la vida de las instituciones y del diálogo social, deben propiciarse y coordinarse condiciones que favorezcan la máxima apertura a la contribución propositiva de los actores sociales en el rediseño compartido de la gestión pública, sin olvidar que gobernabilidad es lograr tanta libertad como sea posible y tanta autoridad como sea necesaria, a fin de superar la prueba del buen gobierno y bien común de la sociedad mexicana.
