En los últimos años el debate internacional sobre la reforma de las políticas de drogas se ha intensificado a medida de que el impacto de las consecuencias negativas, no esperadas de su prohibición, se hace más evidente en nuestras sociedades. En América Latina, es urgente explorar políticas alternativas “para ser más efectivos” en la gestión del fenómeno de las drogas ante el aumento de una violencia que anualmente cobra alrededor de 140,000 vidas humanas (1). Esta situación, aunque no exclusiva del tráfico ilícito de estupefacientes, se ha visto exacerbada por la estrategia fallida de combate de nuestros Estados para reprimir la producción, trasiego, venta y consumo de dichas sustancias.
“La experiencia acumulada sugiere que la regulación -contrariamente a la prohibición- podría crear un ambiente mucho más propicio para abordar los problemas relacionados al abuso en el consumo de sustancias y otras cuestiones sociales asociadas”
Como en cualquier debate público, en materia de drogas existen diversas posturas que van desde los defensores de la prohibición –que promueven la adopción de medidas punitivas severas como método predominante para disuadir el consumo y castigar la producción y el tráfico de drogas-, hasta los promotores de la liberalización –quienes sostienen que buscar su desaparición no es sólo utópico sino indeseable y que los mercados de drogas deberían responder únicamente a las leyes de la oferta y la demanda-. En medio de esta polarización nos ubicamos quienes proponemos la regulación legal de los mercados afirmando que el establecimiento de controles gubernamentales estrictos para la producción, distribución, venta y consumo de drogas –bajo un esquema de legalidad- es la única solución para mitigar los daños asociados al consumo abusivo y a las políticas que buscan proscribirlas.
Pero más allá del simple reconocimiento de posturas disímiles, la verdadera comprensión del debate exige un serio análisis sobre los alcances y limitaciones de las reformas sugeridas. Así pues, una reforma orientada a consolidar la despenalización del consumo y la portación para uso personal favorecería el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas que usan drogas, y contribuiría positivamente a la despresurización de los sistemas carcelarios sin necesariamente hacer mucho por la reducción o desaparición del narcotráfico.
Por su parte, una reforma determinada a transitar hacia la regulación legal permitiría a los Estados recuperar el control sobre los mercados de drogas y crear mejores condiciones para reducir progresivamente las oportunidades de los especuladores criminales y los costos asociados a la ilegalidad de las drogas. Mantener el status quo ha dejado de ser una opción.
Es importante recalcar que quienes se atreven a hablar del tema y a exigir mejores maneras de hacer frente a los retos de salud, seguridad, desarrollo, economía y derechos humanos que las drogas plantean, nunca han afirmado que la regulación legal de la mariguana -u otras sustancias controladas- terminará con la totalidad del tráfico ilegal ni menos aún con todos los problemas de delincuencia, inseguridad y violencia que afectan a los países latinoamericanos.
Comprenden que terminar con la prohibición no desaparecerá el “problema drogas”, pero sí podrá limitar el impacto de las consecuencias negativas del “problema prohibición”. La experiencia acumulada sugiere que la regulación -contrariamente a la prohibición- podría crear un ambiente mucho más propicio para abordar los problemas relacionados al abuso en el consumo de sustancias y otras cuestiones sociales asociadas. De ahí que, además, sea perfectamente lógico sugerir la regulación legal de drogas -como la mariguana- al tiempo en que se controlan de forma más estricta sustancias legales como el alcohol y el tabaco.
Es cierto que a nivel global el prohibicionismo permanece como enfoque dominante, pero hoy en día es posible observar un distanciamiento en los foros internacionales entre aquellos países que defienden el status quo (Rusia, China, Irán, Arabia Saudita) y un nuevo grupo de naciones que buscan ver más allá de los límites de la prohibición para contribuir a la búsqueda activa de novedosos consensos basados en la implementación de políticas no criminalizantes.
Asimismo, es preciso subrayar que –contrario a lo que se piensa- la regulación legal de las drogas es una realidad en muchas partes del mundo. Tan sólo recordemos que alrededor de 30 jurisdicciones a nivel mundial han despenalizado la posesión personal de algunas o todas las drogas ilegales; que otros países como Suiza han implementado exitosamente modelos de prescripción médica de drogas como la heroína y las anfetaminas para personas con problemas de dependencia; que la regulación legal del cannabis –total o parcial- es una realidad en varios países, incluyendo el modelo de “coffee shops” de los Países Bajos, los clubes cannabicos en España, la reciente regulación total en Uruguay y la regulación privada en Washington y Colorado, Estados Unidos.
Otras naciones como Nueva Zelanda preparan mecanismos de regulación de “nuevas sustancias psicoactivas” (no controladas por las convenciones de la ONU) a través del establecimiento de un sistema que permitirá licenciar la producción de dichas sustancias como si se tratara de productos farmacéuticos, mientras que países como India y Turquía cuentan ya con sólidos sistemas de regulación del cultivo de adormidera y producción de opiáceos para la industria farmacéutica que perfectamente podrían ser replicables para el caso de otros países productores.
En México la discusión avanza y la reforma contiene potencial para convertirse próximamente en realidad (al menos a nivel local). A partir de la celebración de foros públicos realizados durante el verano de 2013, distintos grupos políticos comenzaron la redacción de un proyecto de ley sobre cannabis para la Ciudad de México. Por el momento el trabajo técnico se ha concentrado en el análisis de los posibles escenarios de regulación dentro de los límites legales y de competencias.
Si bien los alcances de las distintas propuestas varían en función del costo político previsto, la definición de avanzar en el debate legislativo ha sido tomada. La propuesta -hasta hoy trabajada- dará prioridad cero a la persecución de la posesión simple de mariguana para uso personal, y establecerá mecanismos de referencia y contra-referencia al interior del sistema de salud que permitan eficientar el acceso al tratamiento de las personas usuarias que así lo requieran. Ese proyecto de ley buscará la creación de dispensarios de mariguana legal para fines terapéuticos, bajo la estricta vigilancia del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Atentos que el cambio avanza, se consolida y se concreta (2).
1. Según cifras del Observatorio Hemisférico de Seguridad de la Organización de los Estados Americanos.
2. Para mayor información visite: www.mucd.org.mx y www.tdpf.org.uk o consulte a Lisa Sánchez [email protected] y Aram Barra arammucd.org.mx
Fecha de publicación: Enero 2014.
Liga de la publicación: https://www.forjib.org/regulacion-legal-de-las-drogas
