El Estado moderno se ha visto rebasado por el elevado nivel de complejidad social y de relaciones humanas. Ha debido asumir un nuevo esquema de corresponsabilidad, incluyendo a las organizaciones en sus tareas de policía y buen gobierno.
En esta tesitura, las empresas se harán cargo de su propia regulación interna y de la responsabilidad que les corresponde en la lucha contra los delitos, la corrupción y el crimen organizado que se relacione con ellas. Para asegurar que la autorregulación cumpla los objetivos de corresponsabilidad, la tendencia regulatoria apunta hacia un Estado delgado que mantendrá su repliegue dejando que la economía opere libremente, siempre que el ejercicio de esa libertad sea responsable de la porción de cogobierno que le corresponde.
Para asegurar que esa relación se mantenga estable y cada parte cumpla su tarea, los Estados han venido adoptando un modelo de regulación que no se había visto: la responsabilidad penal de las personas jurídicas o morales. De tal manera que si antes sólo eran imputables penalmente las personas físicas, ahora también lo serán las empresas.
Se trata de una megatendencia regulatoria que en México se ha convertido en una realidad con las recientes reformas publicadas en el DOF el 17 de junio de 2016. Ahora las empresas deberán sumarse a la cultura compliance tomando en cuenta los riesgos de incurrir en responsabilidad penal.
En este marco, han cobrado mayor relevancia en los últimos años las áreas de auditoría, control, vigilancia y supervisión interna de las empresas, cuya finalidad es doble: por una parte, se encargan de diseñar y establecer programas de cumplimiento normativo y de protocolos laboral y preventivo, es decir, el sistema Governance Risk y Compliance Management; y por otra, con base en esos programas de carácter esencialmente preventivo ejercen un mejor control vigilando, supervisando y auditando personas, data o información, procesos y sistemas.
El debido control organizacional al que obliga la ley, como lo señalan los autores de este libro, se convierte en evidencia o medio de prueba para la defensa de la empresa en caso de que se vea involucrada en una investigación o procedimiento penal.
